Durante los últimos meses las reuniones de trabajo entre los representantes de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), el mayor órgano de representación del sector cinegético español, y el Gobierno no han cesado. Las largas horas de trabajo, la excelente receptividad del ejecutivo y su disposición para dar solución a los grandes problemas del sector cinegético en España comienzan a dar sus frutos. A pesar de que todo el trabajo realizado gira en torno a una batería de mejoras que incorporará la futura Ley de Montes, Gobierno y ONC han determinado trasladar al nuevo proyecto de Ley de Seguridad Vial las mejoras previstas en la normativa sobre accidentes de tráfico con especies cinegéticas. “De esta manera nos aseguramos que la nueva normativa encuentra la mejor ubicación jurídica posible” ha asegurado Juan Antonio Sarasketa, presidente de la ONC, quien también ha destacado: “Además, contamos con la ventaja de que la Ley de Tráfico se va a aprobar mucho antes que la Ley de Montes, por lo que los cazadores españoles podrán acogerse a los beneficios de la nueva normativa mucho antes”.
Juan Antonio Sarasketa se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo realizado y con la excelente receptividad del ejecutivo, y ha manifestado su optimismo al asegurar: “Con la aprobación de esta ley daremos solución a un problema que se ha prolongado en exceso en el tiempo y acabaremos de una vez por todas con la inseguridad jurídica a la que antes se enfrentaban los cazadores, que en la mayoría de los casos tenían que pagar los daños derivados de los siniestros con especies salvajes por culpa de una legislación muy ambigua y excesivamente abierta a la interpretación particular de la judicatura”. Con el nuevo texto, el número de supuestos en los que los cazadores deberán hacerse cargo de los daños causados en los accidentes de tráfico se reducen a uno solo: cuando éstos sean consecuencia directa de la acción de cazar.
Este nuevo texto de la Ley de Seguridad Vial será llevado al mañana, cuatro de octubre, al Consejo de Ministros que se celebrará en Madrid, uno de los últimos –y más importantes– trámites burocráticos antes de su aprobación.
