La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), entidad que engloba en su seno a diversas asociaciones y federaciones pertenecientes al mundo cinegético, publicó hace pocas fechas un manifiesto en réplica a un informe de una asociación próxima al ecologismo que, por desgracia, nos tiene más acostumbrados a sus diatribas «anticaza» y, por que no decirlo, «antitodo», que a sus acciones en defensa de los animales. Que cada vez un mayor número de aquellos que se dicen llamar ecologistas ataquen de forma injusta al colectivo de los cazadores no es ninguna novedad. ¿El motivo?, parece claro: el ecologismo de hoy parece ser, a mi juicio, un fructífero negocio.
«El impacto de la caza en España» es el sintomático título del informe que esta asociación ecologista dedica, en otra provocación más al mundo de la caza.
Indudablemente, la actividad cinegética no está exenta de incumplimientos por parte de algunos de sus practicantes (por cierto, incumplimientos cada vez menos numerosos, dadas las desproporcionadas sanciones que, en algunos casos, sufren estos presuntos incumplidores). Pero es cierto que hay que decir que podemos considerar a la caza como una de las actividades humanas más profusamente regladas, con una vasta y extensa normativa, tanto a nivel comunitario, nacional, autonómico y local.
Que a estas alturas, algunas asociaciones animalistas y ecologistas aboguen por la prohibición de la caza, sin ofrecer alternativa viable alguna, parece una broma de mal gusto. Poner en duda la actividad cinegética, con peregrinos argumentos, alejados de toda lógica y, además discutir el papel de regulador medioambiental que la caza posee, ahonda, todavía más, en lo descabellado de las propuestas verdes. Que se pase por alto a cerca de un millón de practicantes, acusándolos de ser una minoría, o que se manifieste, sin rubor alguno, que la caza sólo se practica por negocio o placer, y sólo por personajes recién salidos de «La Escopeta Nacional» es de una bajeza impresionante, y más cuandos estos argumentos provienen de una asociación ecologista que, sorpresa, sólo cuenta con 30.000 afiliados (según datos fácilmente contrastables).
Si, además, a la falsedad anteriormente manifestada, se une también la afirmación contenida en el informe ecologista negando el valor que tiene la caza como regulador de la biodiversidad, incluyendo el necesario control poblacional de muchas especies cinegéticas (que de otra manera, y en ausencia de la caza, se convertiría en un auténtico problema de seguridad pública), el asunto roza lo dantesco. Casos como el exagerado proteccionismo hacia el lobo ibérico, que día a día provoca cuantiosos daños a ganaderos, o la prohibición de la caza en determinados espacios protegidos de especies como el jabalí, la cabra montés o el rebeco (que provoca numerosos accidentes de tráfico o epidemias de enfermedades como la sarna), dan fe de la escasa o nula entidad y viabilidad de la mayoría de las propuestas ecologistas y animalistas.
Que la caza es una actividad generadora de empleo y riqueza en el mundo rural es otro de los argumentos negados por el informe de marras, que no duda en cuestionar la indudable importancia que la actividad cinegética tiene para muchos de nuestros enclaves rurales. En múltiples localidades de nuestra provincia, por ejemplo, la caza genera una ingente cantidad de puestos de trabajo y un volumen económico de muchísima importancia.
Aunque, claro, en toda esta diatriba de críticas «verdes», sólo es resaltable el hecho de que la única economía a conservar y salvaguardar es la de las subvenciones que tan generosa como injustamente reparten nuestras administraciones a aquellos que se autodefinen como «defensores de los animales», pero que en la mayoría de los casos sólo defienden su pecunio personal.
POR FRANCISCO BELTRÁN
CÓRDOBA
