La Real Federación Española de Caza (RFEC) está a punto de desintegrarse. El pulso que su presidente, Andrés Gutiérrez, mantiene con ocho federaciones autonómicas –que responden a la denominación F8– le ha llevado a una situación de colapso económico que, entre otras medidas, ha provocado ya los primeros despidos de trabajadores. Desde el F8 acusan a Gutiérrez de haber llevado a cabo unas elecciones “fraudulentas” en 2012 y de no acatar la sentencia firme de la Audiencia Nacional, de marzo de 2014, que le obligaba a repetir los comicios.
Posteriormente, en diciembre del año pasado, el presidente de la RFEC convocó elecciones, pero teniendo en cuenta el censo del año 2014 y no el de 2012. Ese fue el motivo por el que la convocatoria fue anulada por el Tribunal Administrativo del Deporte, instando al mismo tiempo a la federación a repetir los comicios.
Tras todos estos incumplimientos, la gota que ha colmado la paciencia de los representantes del F8 ha sido un reciente comunicado publicado en la web de la RFEC en el que responsabilizan a estas ocho federaciones autonómicas de las “tristes y repugnantes” medidas que han tenido que tomar como consecuencia del “asfixiante ahogamiento económico” al que le han sometido durante dos años y medio. Desde el F8 niegan estas acusaciones y explican que son argumentos que “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es “despistar para que no se hable de la mala gestión de Gutiérrez”.
REPRESENTACIÓN
Las Federaciones de Caza que conforman el F8 son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Catalunya, Navarra y Galicia. Pese a aglutinar a más del 70% de los federados de todo el Estado, la representación que les otorgó la junta directiva presidida por Gutiérrez, de la que también formaba parte por aquellos días el presidente de la Federación vasca, José Mari Usarraga, era inferior al del 30% restante.
“No voy a señalar a nadie –subraya el presidente de la Federación catalana, Paco Piera, en relación a Usarraga– pero lo que está claro es que Gutiérrez necesitó cómplices para llevar a cabo aquel proceso y todos aquellos que aceptaron tener más asambleístas de los que les correspondían, sin decir nada, no pueden hacerse los tontos ahora”.
De hecho, desde el F8 ya se remitió en marzo al Consejo Superior de Deportes (CSD) un texto en el que se le advertía de que llevaban “tres meses de negociaciones tratando de desbloquear la crítica situación en la que se encuentra instalada la RFEC”. En estas reuniones propusieron a Gutiérrez “hacerse cargo del pago de los salarios pendientes del personal laboral de la RFEC” para que estos trabajadores no se vieran “perjudicados por la irresponsabilidad de los gestores” de la Federación española.
La única condición que ponían era que se acatara la sentencia de la Audiencia Nacional y se repitieran las elecciones. “Esas propuestas han sido sistemáticamente rechazadas poniendo como condición para la celebración de un nuevo proceso electoral que se abonara a la RFEC una cantidad que oscilaría entre 250.000 y 450.000 euros, con la que pretendían hacer frente, fundamentalmente, al pago de los honorarios profesionales de letrados y a otros conceptos, como atrasos o cantidades reconocidas como adeudadas a algunos directivos de la Federación, ignorando las vicisitudes de sus empleados”.
EXONERACIÓN
El escrito que el F8 envía al CSD recoge también que otra de las exigencias de los interlocutores del presidente de la federación española es “una declaración de exoneración de responsabilidades personales del Sr. Gutiérrez Lara y de su entorno federativo, o un compromiso de que contra este no se ejercerían acciones penales, compromiso que esta parte
ni puede ni debe aceptar, so pena de ceder a un chantaje intolerable que, además, nos haría encubridores de las presuntas irregularidades de las que quiere protegerse”.
Para Piera, esta “falta de escrúpulos” esconde, además, otros propósitos. “¿Qué interés tienen Andrés y sus cómplices en seguir ganando tiempo para no repetir las elecciones”, pregunta en voz alta. El presidente de la Federación catalana cree que en este empecinamiento podría tener que ver el fiasco del perdigón ecológico sin plomo, un proyecto que supuso una gran inversión y “que llevamos esperando desde 2002”, o la necesidad que pudieran tener de que “prescriban” otras posibles irregularidades.
Un reportaje de I. Ajuria
