Las medidas de seguridad transitorias adoptadas por la Generalitat tras el asesinato de dos agentes rurales en Aspa (Lleida) en enero no convencen ni a los agentes ni a la administración.
Todos coinciden en que ahora prima la seguridad frente a la capacidad inspectora y que la única opción inmediata era aplicar a todas las inspecciones el protocolo que se usaba para las operaciones contra los cazadores furtivos. El Cuerpo de Agentes Rurales (CAR) hace al año unas 7.000 inspecciones de caza. “Con las nuevas medidas no hay ni efectivos, ni medios, para mantener un nivel de inspección que ya era insuficiente por falta de agentes, diversidad de tareas, mala planificación y organización de servicios en general”, asegura el presidente de la Asparc, Francesc Coll.
Además, el hecho de que solo uno de los tres agentes vaya armado -con arma larga- tiene inconvenientes. Toda la seguridad recae en él, y a él nadie le protege, y la imagen de un agente exhibiendo este tipo de armas se asocia a actuaciones de muy alto riesgo y puede aumentar la tensión propia de la inspección ordinaria. Ya ha habido quejas de cazadores.
La directora general de Forests, responsable del CAR, Montserrat Barniol, reconoce la situación “crítica” en que halló el cuerpo y asegura que trabajan “a marchas forzadas” para revertirla. Califica de “excepcionales y transitorias” las medidas de seguridad de las inspecciones de caza y reitera: “Prima la seguridad”. Desde que asumió el cargo en 2016, han impulsado la declaración de cuerpo esencial, lo que permite cubrir jubilaciones (aún no está aceptado); han desencallado la contratación de 5 interinos para 40 vacantes y han publicado el temario de la convocatoria a subinspector; por ahora no existe ninguno porque no han desplegado las categorías. También impulsan un plan estratégico que debe estar listo entre febrero y marzo.
Sindicato y Asociación piden máxima celeridad a la hora de detallar los riesgos inherentes a sus funciones y que se determine de qué medios deben disponer para trabajar con seguridad. No piden solo armas, sino también formación para detectar y gestionar riesgos y otros medios de defensa. El arma corta, razonan, es la más apropiada. Los riesgos y medios los debe concretar una comisión de expertos que integrarán especialistas del CAR y de Mossos. Según Barniol, esta semana Interior debía concretar nombres para convocar la primera reunión la semana que viene. Deberán pronunciarse también sobre su reglamento de uso de armas, que lleva 14 años de retraso. Tras el doble homicidio de Aspa, la consejera de Agricultura, Meritxell Serret, admitió la necesidad de disponer de más medios.
También indigna al CAR el estudio de evaluación de riesgos laborales. “Prevé el accidente de tráfico y el de caída de nivel, pero ninguno relacionado con las actuaciones propias de agentes de la autoridad”, critica el responsable de CCOO del Cuerpo, Manel Vidal. Asegura que en 2014 se empezó a actualizar la evaluación de riesgos estimando las inspecciones de caza y el nuevo estudio está parado hace 6 meses en el despacho del Subdirector del CAR, Pere Omedes. Piden su dimisión: “ahora precisamos un subdirector diligente, capaz de introducir cambios en muy poco tiempo”.
Un trabajo de riesgo
Sindicatos y Asparc también critican duramente la inexistencia de un registro de agresiones, “se han negado siempre a reconocer los riesgos que sufrimos”. En los últimos años han soportado más de 200, les han quemado la casa, agredido y disparado, cuando entre sus funciones está el perseguir furtivos, pirómanos y colectivos con los que se pueden cruzar en la soledad de bosques y campos.
Quien fue Consejero de Agricultura entre 1984 y 1989 y creador del CAR, Josep Miró i Ar- dèvol cree que “la Generalitat les ha marginado, es escandaloso, una vergüenza”. Para él “la raíz de todos los problemas” es la “falta de voluntad política”. “Es un cuerpo que tiene conflicto de intereses con muchos colectivos y representa muchos menos votos,” indica. “Siempre ha habido una Generalitat muy débil en este sentido, es un cuerpo que molesta, por eso no se ha protegido ni potenciado”. Hay “incongruencias graves”. “Mucha ley de cambio climático y preservación del medio, pero queda en un brindis al sol si se ignora a quien tiene el encargo de velar por ellas en muchos aspectos”, asegura.
Detenido por vender un halcón disecado
Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 44 años, español y vecino de Solsona (Lleida) por intentar vender un halcón disecado a través de internet. La investigación se inició el pasado 12 de enero, cuando la policía autonómica tuvo conocimiento de que el hombre había puesto a la venta, en la red, el animal por 300 euros. Se trata de una especie de ave protegida de la fauna salvaje autóctona. Los agentes lograron ponerse en contacto con el propietario y decomisaron el animal disecado. Además, denunciaron al propietario por infringir la ley de protección de animales.
MARTA RODRIGUEZ
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